Incertidumbre: Bolivia 2020

Incertidumbre en Bolivia 2020

Día a día la situación política en Bolivia nos obliga a actualizar la situación en el país Sudamericano y sobre todo, alertar sobre el peligro de unas elecciones que han tenido todo un menú de postergaciones, descalificaciones, intentos de deslegitimar candidaturas, acusaciones contra el ex presidente Evo Morales, represión social y finalmente, el establecimiento del 18 de octubre, como la fecha en la cual los bolivianos acudirán a las urnas para elegir un nuevo mandatario (a).

Las fechas han cambiado, los índices de aprobación de los candidatos no ofrecen mayores variaciones – con la dupla Arce-Choquehuanca liderando las preferencias – pero, el escenario electoral sigue plagado de interrogantes. ¿Qué caminos le esperan a Bolivia tras las elecciones? ¿estabilidad, caos? Recordemos que el triunfo de Donald Trump en las alecciones de estados Unidos el año 2016 trajo aparejado, de inmediato y en forma significativa, la presión sobre aquellos países de América Latina cuyos líderes trataron de construir una política independiente de Washington, tanto en el plano interno y externo. No fue la excepción Bolivia que comenzó a sufrir, bajo el gobierno de Evo Morales Ayma la presión sistemática junto a sus socios del Grupo de Lima encabezados por el secretario general Luis Almagro. No se trata, como sostienen algunos de asignar la entera responsabilidad de lo que aconteció en Bolivia sólo a Washington pero es indudable que su influencia desestabilizadora es relevante.

Con una política exterior dedicada a seguir con su conducta de generar inestabilidad en aquellos países latinoamericanos considerados enemigos, como es el caso de Cuba, Venezuela y Nicaragua, dotados de gobiernos “inaceptables” para la idea hegemónica de Washington, con fracaso tras fracaso en sus acciones golpistas, los servicios de inteligencia estadounidenses, sus agencias de trabajo de zapa se concentraron en la Bolivia administrada por Evo Morales, consiguiendo, finalmente generar un proceso político social, con participación de líderes sociales de derecha, el alto mando policial y del ejército que provocó su renuncia, caída y posterior salida del país.

El principal objetivo por el cual Estados Unidos se ha esforzado en controlar a Bolivia es para obtener acceso directo e ilimitado a sus amplísimas riquezas naturales, que bajo el mandato del ex presidente Evo Morales fue declarado tesoro nacional de todo el pueblo boliviano. Un objetivo, además, que se inscribe en la lucha global por contender contra China y otras potencias, que también buscan mercados allende sus fronteras.

Esa conducta de defensa de los recursos, para ser aprovechados en beneficio social, es lo que explica que durante los 14 años de mandato presidencial, el líder indígena haya disfrutado del más alto de nivel de confianza en la ciudadanía boliviana. Le guste o no a la derecha y a los antimasistas en Bolivia, que no lo pudieron derrotar en las urnas. Un apoyo facilitado también por soluciones efectivas de su gobierno, no sólo promesas, en el ámbito de problemas socioeconómicos, especialmente dirigido a dar satisfacción a las necesidades de los sectores más desposeídos, especialmente la población indígena, despreciada por sectores supremacistas bolivianos agrupados, por ejemplo, en el Comité Cívico Cruceño, que previo a la renuncia de Morales aumentaron su caudal de violencia y claro contenido racista en sus planteamientos.

Como parte del gobierno del ex presidente Evo Morales , el actual candidato a la presidencia de Bolivia por el MAS, el economista y catedrático Luís Arce Catacora fue Ministro de Economía entre los años 2006 al 2017 y algunos meses del año 2019 y bajo su gestión, con acciones consideradas hábiles y profesionales pudo garantizar, que en los últimos ocho años la economía nacional creciera anualmente con un promedio de un 5%, las reservas de oro y divisas aumentaron significativamente y se mantuvo la inflación en cero. Es esa constatación la que genera confianza en la dupla presidencial boliviana conformada por el mismo Luis Arce y David Choquehuanca, a pesar de todos los intentos del gobierno de facto por sacarlos d ela carrera presidencial.

Es evidente que la dupla del MAS tiene una tarea difícil, pero no imposible, considerando que tras la victoria de Evo Morales en la primera vuelta de las elecciones de octubre del año 2019 y que fue reconocida por un gran número de países y potencias mundiales como legítima, también incluyó la oposición de Estados unidos y aliados regionales que incluso previo a las elecciones ya tenían definido el no reconocer el triunfo de Evo Morales, como ha ido comprobándose en investigaciones periodísticas que demuestran que en la elección presidencial no hubo fraude y que el trabajo de la Organización de Estados Americanos (OEA) fue parte del plan desestabilizador generado desde Washington, que logró generar un escenario político comunicacional donde se impuso la acusación de fraude contra las elecciones, además de un marco de presión que incluyo amenazas y acciones de violencia que hicieron temer incluso por la vida de Evo Morales, familiares y cercanos, que impidió realizar la segunda vuelta presidencial y concretar la renuncia del ex presidente.

Como resultado de esa política destructiva de Washington, Sudamérica generó un foco más de inestabilidad artificial, fomentada por las acciones del gobierno estadounidense y el llamado Grupo de Lima. La instalación de un gobierno de facto en Bolivia, que ha mostrado sus intenciones de mantenerse en el poder, aprovechando los efectos del Covid 19 y el apoyo de Washington, ya han presentado protestas masivas ante la postergación de las elecciones presidenciales. Estallidos sociales como los que recientemente se han expresado en el escenario político y social en Colombia, Chile, Ecuador, cuyos gobiernos, al igual que el de Jeanine Añez en Bolivia, descuidan la resolución de los problemas apremiantes de la ciudadanía, en pos de mantener un poder cada día más frágil.

El ejemplo de Chile puede dar luces respecto al efecto multiplicador del rechazo a políticas económicas, digitadas desde Washington y organismo financieros internacionales. Los hechos que desde octubre del año 2019 hasta marzo del año 2020 – sólo frenados por la pandemia del Covid 19 – sacudieron el país sudamericano, administrado por un gobierno de derecha, que en virtud de seguir obcecadamente en la estrategia e implementar a rajatabla un modelo neoliberal augura más protestas y el agravamiento de la situación del estado y sus ciudadanos. El candidato del MAS, Luís Arce señaló en su página oficial que tanto la presidenta de facto y aspirante a la presidencia, Jeanine Áñez, y el candidato por la alianza política Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, no difieren en cuanto a gestión política y económica, pues ambos siguen la línea del neoliberalismo. “La presidenta transitoria y candidata a presidenta, Jeanine Áñez, ha demostrado en estos diez meses de gobierno que el modelo político económico de su gestión poco tenía que ver con favorecer a las mayorías y fortalecer las instituciones y el sistema democrático de Bolivia”, acusa el candidato del MAS.

En Bolivia la situación política ha adquirido tintes de una lógica complejidad, por las candidaturas en competencia pero, sobre todo porque una eventual victoria de la candidata de Washington para las elecciones – postergadas para el 18 de octubre – Jeanine Añez, con toda la injerencia financiera, política, intromisión de agencias estadounidenses, compra de votos, campañas difamatorias contra el MAS e incluso sacarlos de la carrera política, visualizan una profunda crisis social post elecciones. En el plano de lo que viene, el martes 11 de agosto el Senado boliviano aprobó a favor del proyecto de ley de permanencia obligatoria en el país por espacio de tres meses, una vez que concluyan su mandato las autoridades de los tres niveles del Estado, para emitir los informes respectivos de su gestión.

La apuesta de Estados Unidos es mantener el control del ejército Boliviano, tal como lo consiguieron para exigir la renuncia de Evo Morales , para seguir utilizándolo como instrumento interno, para lograr su objetivos políticos, que puede conducir a un aumento del papel del liderazgo militar, con posibilidades también de generar tensiones externas y un aumento de las tensiones entre los países de la región, en virtud de las disputas territoriales de larga data, que incluyen a Chile, Perú y Paraguay.  Hablamos de un ejército que ha sido beneficiado ampliamente por el gobierno de Añez, de tal manera de contar con su apoyo: beneficios sociales, salariales, incluyendo un decreto de amnistía que exime a los oficiales militares y policiales de responsabilidad por los asesinatos cometidos durante las manifestaciones  masivas de los partidarios del ex presidente Evo Morales tras su renuncia tras la asonada cívica-militar Recordemos que en noviembre del año 2019 se contabilizaron, según la defensoría penal, 32 personas asesinadas.

Una situación que mereció declaraciones de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet en cuyo informe tras las manifestaciones en Bolivia señalo que “La crisis postelectoral del año pasado causó al menos 35 muertes y 800 heridos, la mayoría ocurridas durante operaciones del Ejército y la Policía» expresando además la preocupación del organismo por el «procesamiento» de exfuncionarios del Gobierno y personas relacionadas con la Administración del expresidente de Bolivia Evo Morales. 

Las postergadas elecciones del 6 de septiembre – fijadas así por el Tribunal Supremo Electoral – no deberían haber sido ser modificadas, pero más pudo el objetivo de perpetuar el actual gobierno y ofrecer dificultades a la sociedad boliviana para ejercer su derecho. Recordemos que la decisión del 6 de septiembre fue saludada incluso por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres quien aplaudió la decisión del TSE, para que los comicios generales pendientes se realizaran en tal fecha. Incluso hizo un llamado a los partidos políticos y las autoridades para que cooperen plenamente en la celebración de elecciones pacíficas, transparentes e inclusivas» informó la representación en La Paz del organismo internacional.

Fuentes desde Naciones Unidas han señalado que acompañado de la frustración por la nueva postergación existe la creencia que es posible medidas de fuerte represión contra la población que implique un fuerte estallido social. Unido al hecho que el cambio de fecha es una decisión completamente ilegal ya que cualquier cambio de la fecha de los comicios corresponde al Parlamento y mediante ley. Como también que resulta del todo ilegal tratar de proscribir un partido como el MAS, sobre todo cuando marcha primero en las preferencias de la población. Sumemos a ello la alianza que el gobierno de Añez, las fuerzas policiales y el ultraderechista y supremacista Luís Fernando Camacho, junto a grupos de choque paramilitares como la Unión Juvenil Cruceñista y Resistencia Juvenil Cochala han conformado, para generar temor en la población a través de acciones paramilitares.

Las encuestas indican que el candidato del MAS, Luis Arce obtendría la victoria en la primera vuelta, quedando la incógnita respecto al porcentaje de diferencia, de tal forma que haga innecesario el balotaje. Una victoria de la dupla Arce-Choquehuanca, según sus adherentes, colocaría nuevamente en mejor posición a la población indígena, tal como aconteció bajo el mandato de Evo Morales. Una victoria que implica la posibilidad cierta de mejorar sus problemas sociales, las cuestiones relacionadas con la representación política en el poder y el respeto a las costumbres de un pueblo que en el marco democrático volvería al camino de la estabilidad y el desarrollo progresivo dejando atrás el temor al caos.

Pablo Jofré Leal.

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